La presentación en Perú de una base de datos con 77 religiosos acusados públicamente de abuso sexual contra menores ha vuelto a poner bajo la mirada nacional a la Iglesia católica y, particularmente, a la Arquidiócesis de Ayacucho/Huamanga.
Comunica Ayacucho revisó la información publicada por Bishop Accountability, organización estadounidense que documenta denuncias públicas de abusos dentro de la Iglesia católica, y encontró al menos tres nombres directamente relacionados con Ayacucho.
Se trata del sacerdote Félix Pariona Huacre, el exsacerdote Luis Alejandro Bazalar García y el exobispo auxiliar Gabino Miranda Melgarejo.
Los tres casos, sin embargo, no tienen la misma situación jurídica y deben ser diferenciados.
Félix Pariona: acusación, absolución anulada y nuevo juicio
Uno de los casos más delicados es el de Félix Pariona Huacre, quien fue director de formación del Seminario San Cristóbal de Huamanga.
Según la base de Bishop Accountability, en 2017 fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos y violación sexual contra una adolescente que tenía entre 15 y 17 años durante el periodo en que habrían ocurrido los hechos.

La denuncia llegó al Ministerio Público y el proceso atravesó varias etapas.
En 2019, Pariona fue absuelto. Sin embargo, en noviembre de 2020, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho anuló aquella absolución y dispuso la realización de un nuevo juicio oral ante otro colegiado.
La base también recoge la declaración de un exseminarista que aseguró haber mentido inicialmente ante la Fiscalía para favorecer al sacerdote y que posteriormente afirmó conocer hechos relacionados con la denuncia.
Se trata de una acusación que debe ser entendida dentro de su contexto procesal y sin asumir culpabilidad mientras no exista una resolución definitiva.
La Arquidiócesis volvió a saludar públicamente a Pariona en 2026
Un elemento que llama especialmente la atención es que, según Bishop Accountability, en agosto de 2026 la propia Arquidiócesis de Ayacucho publicó un saludo de cumpleaños a Félix Pariona, expresando deseos para que continuara guiando a su comunidad.
La publicación adquiere relevancia porque ocurre años después de la denuncia y de la decisión judicial que anuló su absolución y ordenó un nuevo juicio.
Durante los primeros años del caso, el entonces arzobispo de Ayacucho, Salvador Piñeiro García-Calderón, también emitió un comunicado defendiendo públicamente al sacerdote.
Luis Alejandro Bazalar: condenado inicialmente y posteriormente absuelto
El segundo nombre vinculado a Ayacucho es Luis Alejandro Bazalar García, quien fue sacerdote de la arquidiócesis y ejerció funciones en la Catedral de Ayacucho.
En 2013 fue acusado de abuso sexual contra un seminarista de 17 años.

Un tribunal de Ayacucho lo condenó posteriormente a ocho años de prisión por delitos vinculados al caso. Sin embargo, en agosto de 2016 la Corte Suprema anuló las condenas y lo absolvió, al considerar que las pruebas no eran suficientes para quebrar la presunción de inocencia.
Por ello, desde el punto de vista penal, Bazalar figura actualmente como absuelto.
La justicia civil lo absolvió, pero el Vaticano lo expulsó del estado clerical
El caso de Bazalar presenta una particularidad importante.
Aunque la Corte Suprema peruana lo absolvió penalmente, la Iglesia católica desarrolló de manera paralela un proceso canónico.
En mayo de 2026, el propio Arzobispado Metropolitano de Ayacucho, mediante un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Peruana, informó que el entonces Dicasterio para la Doctrina de la Fe había alcanzado “certeza moral suficiente” en el proceso eclesiástico y dispuso la dimisión de Bazalar del estado clerical.
La sanción implica que dejó de ejercer como sacerdote, salvo las excepciones extremadamente limitadas previstas por el derecho canónico.
Bazalar ha rechazado durante años las acusaciones y ha sostenido que las decisiones en su contra fueron una represalia relacionada con denuncias que él mismo realizó sobre presuntas irregularidades dentro de instituciones eclesiásticas.
Gabino Miranda: exobispo auxiliar de Ayacucho expulsado del estado clerical
El tercer caso es el de Gabino Miranda Melgarejo, quien fue nombrado obispo auxiliar de Ayacucho en 2004 por el papa Juan Pablo II.
Miranda dejó el cargo en 2013 después de que surgieran acusaciones de conductas sexuales indebidas y presuntos abusos contra menores.

La Santa Sede le impuso ese mismo año la pérdida total del estado clerical, una de las sanciones más severas que puede recibir un miembro del clero.
El entonces arzobispo Salvador Piñeiro confirmó públicamente la sanción y señaló que había sido informado por la Nunciatura Apostólica de la decisión del papa Francisco.
En ese momento, Piñeiro sostuvo además que durante el tiempo que llevaba al frente del Arzobispado no había recibido denuncias directamente contra Miranda y respaldó que el Ministerio Público investigara los hechos.
Tres casos, tres situaciones distintas
Los nombres aparecen bajo una misma base internacional, pero sus situaciones no son equivalentes.
Félix Pariona permanece registrado por Bishop Accountability como acusado y tuvo una absolución que posteriormente fue anulada, ordenándose un nuevo juicio.
Luis Alejandro Bazalar fue finalmente absuelto por la Corte Suprema peruana, aunque posteriormente perdió el estado clerical tras un proceso canónico.
Gabino Miranda, por su parte, perdió definitivamente el estado clerical en 2013 tras una sanción impuesta por la Santa Sede.
Esta distinción es fundamental porque Bishop Accountability aclara expresamente que su base reúne acusaciones públicas documentadas y no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.
El debate vuelve sobre la respuesta de la Iglesia
La publicación de los 77 nombres no busca únicamente colocar el foco en los religiosos acusados.
Las organizaciones de sobrevivientes también están cuestionando la forma en que distintas diócesis respondieron históricamente a las denuncias y están solicitando mayor transparencia sobre los casos.
Entre sus pedidos figura que las autoridades eclesiásticas publiquen información sobre religiosos acusados de abusos contra menores, que se cree una comisión independiente de investigación y que se fortalezca una política de tolerancia cero dentro del derecho canónico.
Para Ayacucho, la discusión adquiere especial relevancia porque los tres casos estuvieron ligados directamente a estructuras eclesiásticas de Huamanga.
La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió con cada acusado, sino también qué mecanismos utilizó la Iglesia local para investigar, prevenir y actuar frente a denuncias de esta gravedad y qué ha cambiado desde entonces para proteger a niños y adolescentes.




