La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia estaría próxima a resolver la nulidad de la condena de once años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva impuesta en noviembre de 2025 al expresidente Pedro Castillo Terrones y sus excolaboradores, tras hallar un grave defecto en el debido proceso del juicio por el intento de golpe de Estado de 2022.
El pasado 22 de octubre, la Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la fiscalía y la procuraduría del Estado contra dicha sentencia que también incluye a exministros como Willy Huerta Olivas, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez.
En la admisión del recurso, los jueces solicitaron a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria un informe detallado sobre el delito de conspiración para rebelión, específicamente cuándo y bajo qué fundamentos este dejó de ser objeto de investigación preparatoria.
Asimismo, pidieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informar si existe alguna resolución sobre este delito durante la fase previa, dado que el expediente muestra que en la investigación inicial se consideraron dos delitos distintos: rebelión y conspiración para la rebelión.
En el juicio, sin embargo, la Sala Penal Especial que condenó a Castillo decidió apartarse de la acusación por rebelión y condenarlo únicamente por conspiración para rebelión, delito que no fue objeto de investigación completa o está en proceso aparte, según revelan las fuentes judiciales.
Esta aparente contradicción y falta de claridad sobre la continuidad o archivo del delito de conspiración constituye, según los jueces supremos, una posible vulneración del debido proceso y del derecho de defensa.
Frente a esto, la única solución viable sería la anulación del juicio y la repetición del proceso, evaluando ambos delitos en conjunto para evitar pronunciamientos contradictorios.
La Sala Penal Permanente, integrada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Hans Contreras Cuszcano, se pronunciará después de la audiencia de apelación y tras recibir los informes solicitados, lo que puede modificar la situación legal del expresidente y sus excolaboradores.




