El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, avanzó con una de las medidas más duras de su administración contra organizaciones vinculadas al activismo islámico al aplicar una legislación estatal que permite designarlas como organizaciones terroristas.
Entre las entidades alcanzadas se encuentran el Council on American-Islamic Relations (CAIR) y la Hermandad Musulmana, señaladas por el gobierno estatal bajo su nueva política antiterrorista.
La medida contempla restricciones relacionadas con financiamiento público, contratos estatales y determinadas formas de apoyo material a las organizaciones incluidas en estas designaciones.
Como consecuencia, CAIR anunció la suspensión indefinida de sus operaciones en Florida, mientras continúa su batalla judicial contra el estado.
La organización rechaza las acusaciones formuladas por la administración DeSantis y sostiene que las medidas vulneran derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión, asociación y religión.
DeSantis, por su parte, defiende que las decisiones buscan proteger a Florida frente a organizaciones que su gobierno considera vinculadas al extremismo.
La controversia ha reabierto un fuerte debate en Estados Unidos sobre hasta dónde puede llegar un gobierno estatal en nombre de la seguridad sin afectar libertades civiles y religiosas.
Aunque en redes sociales se ha difundido la afirmación de que Florida habría “prohibido el islam”, no existe una prohibición general de la religión islámica en el estado. Las medidas adoptadas se dirigen contra organizaciones específicas y no contra la práctica de la religión musulmana en su conjunto.
El conflicto ahora continuará en los tribunales, donde CAIR ha anunciado que apelará las decisiones que permitieron avanzar con la aplicación de la legislación estatal.




